MITOS

De la Ley Del Fondo Del Petróleo y otras suciedades políticas

José Ignacio Camey Barrios
ignaciocamey@hotmail.com

El Presidente de la República tendrá en estos días que tomar dos decisiones de trascendencia para el país en cuanto al veto o aprobación que deberá dar de dos leyes que fueron aprobadas en el “Honorable y Respetable Congreso” (No se asuste, por supuesto que son calificativos sarcásticos)
En primer término me refiero a la Ley Del Fondo Para El Desarrollo Económico De la Nación (Ley del Fondo Del Petróleo – FONPETROL) aprobada el 18 de noviembre de este año. Ese preciso día se movilizó una gran cantidad de campesinos que manifestaron en la capital a favor de la aprobación del Presupuesto del Estado. Esa actividad pretendía entre muchas cosas ser un distractor para los medios y para la población pensante en cuanto al crimen que se cometía en el Congreso aprobando una ley que permite prorrogar las concesiones de explotación de petróleo a empresas privadas.

La explotación de los recursos petroleros en los términos en que se realiza actualmente y como lo prevé la mencionada ley, es una bomba de tiempo en cuanto al impacto ambiental y socava cada vez más nuestra soberanía y posibilidad de lograr un verdadero desarrollo. Mientras la nacionalización de los recursos petroleros y su explotación es una tendencia a nivel de los países latinoamericanos que actúan soberanamente, resulta que en Guatemala entregamos a empresas extranjeras por un miserable porcentaje, no solo los recursos sino también la autorización para degradar nuestro medio ambiente, acabar con zonas protegidas, fomentar la invasión de tierras, la extinción de flora y fauna y una serie de consecuencias grotescas que desgraciarán aún más nuestro país.

En 1985 dos petroleras extranjeras, firman el contrato de explotación para un campo petrolero en Petén, el cual vence en 2010. Como lo señala Alfonso Bauer en un artículo para Diario la Hora, en una de las cláusulas del mencionado contrato las empresas se obligan a que “La maquinaria, equipo, instalaciones y otros bienes muebles e inmuebles adquiridos por el contratista y que se relacionen con el área del contrato (...) pasarán a la terminación del contrato por cualquier causa y en cualquier momento que esto ocurra, a propiedad del Estado, sin costo alguno en el estado que los importó, adquirió o construyó, salvo los desperfectos inherentes al uso normal y prudente de los mismos”. Ahora usted responda, la aprobada ley que permite prorrogar estos contratos ¿cuida los intereses de los guatemaltecos o de las empresas involucradas?

Hay algunos que hasta le agradecen a Dios por la ley e indican que la misma permitirá construir aulas y centros de salud. Es increíble que los políticos sigan creyendo que la mayoría de guatemaltecos somos estupidos, en primer lugar Dios no tiene absolutamente nada que ver en estas porquerías y segundo, si el estado explotara correctamente los recursos petroleros del país, se podrían construir miles de escuelas, y no se construirían centros de salud, sino hospitales con todas sus áreas de especialidades en los rincones más necesitados del país.

Les recuerdo a los diputados, que los bienes públicos pertenecen a toda la nación y no solo a los departamentos en donde están ubicados. Ahora se dispone que el mayor porcentaje de las regalías (20%) sea asignado a los departamentos con operaciones petroleras y distribuido en base a la producción anual. En términos de justicia, lo anterior sería equitativo, pero como hablamos de un país ¿y el resto? pues casi nada (el 5% entre todos los departamentos). Entonces las demás comunidades deberían plantearse seriamente el reclamo de regalías por la producción de bienes que aportan a la nación a efecto que se inviertan en las mismas comunidades. Según manifestó el Alcalde de Quetzaltenango Rolando Barrientos en la presentación del informe de desarrollo humano de PNUD el mismo 18 de noviembre, en Quetzaltenango se producen 400 millones de quetzales anuales de los cuales únicamente regresan para el departamento 15 millones.

Lo anterior no lo escribo a manera de propuesta, es únicamente un ejemplo de las consecuencias de la nefasta ley, que además de todo lo señalado al principio de esta columna, también podría ser un detonante de división entre las regiones del país. Cuidado, porque procesos autonómicos están de moda en países latinoamericanos y en el sur occidente, ya se intentó construir un estado independiente y la llama sigue viva.

Así es Señor Presidente que el veto que usted pueda dar a esta ley le será agradecido puesto que las intenciones que conlleva la misma lloran sangre de un pueblo empobrecido y que debe recuperar su soberanía y dignidad. Igualmente debe ser vetado el decreto 67-2008 que prohíbe pautar publicidad al canal 5 de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Usted sabe que los proyectos sociales deben ser auto sostenibles para que sean permanentes y en este caso se veda esa posibilidad a dicho canal.